Régimen Penal Juvenil: La Cámara de Diputados dio media sanción a la baja de la edad de imputabilidad

Régimen Penal Juvenil: La Cámara de Diputados dio media sanción a la baja de la edad de imputabilidad

El proyecto fue respaldado por la Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO, Provincias Unidas y bloques provinciales.

La Cámara de Diputados aprobó en general por 149 contra 100 votos el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La iniciativa fue respaldada por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo y fue rechazada por el peronismo, y la izquierda.

El nuevo Régimen Penal Juvenil no solo baja la edad de imputabilidad a los 14 sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.

Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión.

Por ejemplo: la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.

A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tendrán garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones.

Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil.

La ley garantiza su derecho a ser informadas, a ser escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, a recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluyendo mecanismos restaurativos cuando corresponda.