Bajo el amparo del Intendente de Angaco, José Castro, procesado por la justica, el Concejo Deliberante sancionó al concejal Orreguista Andrés Olivera

El Concejo Deliberante de Angaco sancionó a un concejal Orreguista, por haber cometido la “imperdonable” labor de solicitar información que tiene que ver con el juicio que se le deber realizar al actual Intendente, José Castro, además de otros temas.

Pero el “atrevimiento”, el Concejal Andrés Olivera fue sancionado con cuatro sesiones consecutivas sin goce de sueldo. Con la posibilidad de contar con “las manos en alto”, o sea los votos, el resto de los concejales (son cinco en Angaco) votó a favor de la “reprimenda para que aprenda a no investigar” en su función.

El Concejal Andrés Olivera dialogó con el Periodista Castro Espinoza, de Radio Alas F.M. 101.7 Mhz, quien al respecto dijo:

El Intendente José Castro, Procesado con Tribunal confirmado pero sin fijar fecha del juicio oral

Evidentemente que la sanción contra el concejal Orreguista tiene que ver con los pedidos realizados para conocer qué pasa con el Juicio que se le debe realizar al Intendente de Angaco.

El diario Digital Jáchal La Región, en septiembre de 2023 con el título: “Angaco y un futuro incierto: Castro, un electo procesado y a juicio y Uñac el responsable político”

En el mes de junio del corriente año, fue confirmado el Tribunal que debe llevar al banquillo de los acusados al actual Intendente de Angaco José Castro. Pero esto tiene una historia que solo la “morosidad política” puede responder.

Luego de que un Fiscalía tomara cartas en el asunto, José Castro fue procesado por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y abuso de autoridad.

A fines de 2019, mientras cerraba su segundo periodo al frente de la comuna, el Concejo Deliberante lo denunció por haber hecho uso de maquinarias y personal municipal en un predio de Chimbas. La situación generó un escándalo, al punto que, por las presuntas irregularidades, Castro fue suspendido en su cargo por decisión del cuerpo deliberativo. El apartamiento duró poco, pero la causa penal avanzó hasta que, a principios de 2020, el exjefe comunal fue procesado por el juez Benedicto Correa, quien en su momento estaba al frente del Quinto Juzgado de Instrucción. En su resolución, que fue en el mismo sentido a como lo había formulado la fiscal Claudia Salica, el magistrado entendió que existían "elementos de convicción suficientes que permiten determinar la existencia del hecho investigado, del cual resultaría responsable Castro".

Luego, Castro apeló el procesamiento, pero, en mayo del año pasado, la Sala Segunda de la Cámara Penal, integrada por Juan Bautista Bueno, Silvina Rosso de Balanza y Maximiliano Blejman, confirmó el fallo y, en junio, Fiscalía firmó el requerimiento de elevación a juicio como el presunto autor "responsable de los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionarios y abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública". El expediente se mantuvo un año en la Unidad Conclusiva de Causas hasta que el miércoles pasado se firmó la clausura de la instrucción y se elevó finalmente el expediente a la Cámara Penal para que se realice el juicio.

Quienes deberán fijar la fecha de debate y tendrán la tarea de definir la situación penal de Castro son los camaristas Miguel Dávila Saffe, Víctor Muños Carpino y Juan Carlos Caballero Vidal, integrantes de la Sala I. La causa es clave, ya que si el actual intendente es condenado, puede enfrentar un castigo que va de los 2 a los 10 años de prisión, pero también una inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos, por lo que, de confirmarse un fallo en su contra deberá dejar la intendencia de Angaco.

Los tres Jueces que deben juzgar al peronista José Castro, fueron  puestos por el Giojismo y el Uñaquismo

Miguel Dávila Saffe, Víctor Muños Carpino y Juan Carlos Caballero Vidal, fueron nombrados en la Justicia por la Cámara de Diputados adicta al poder político de los últimos veinte años: Gioja – Uñac. Aquí no se ve la grieta para nada.

El juicio se debió realizar a principios de este año, marzo o abril.  Recién el Tribunal se conoció en Junio y la fecha que se pondría, según fuentes judiciales, sería  a fin de este año o el primer trimestre del año 2025.

¿Por qué no actúa la justicia en tiempo y forma? ¿Si es inocente, por qué no le dan la pronta oportunidad de demostrarlo?  La denuncia es del año 2019 y estamos por terminar el año 2024. ¿Están esperando que Castro cumpla dos años y un día en su función para no perder la Intendencia en una futura nueva elección? Recordemos que si un funcionario es destituido, por cualquier razón, si ha cumplido más del 50% de su periodo, automáticamente el periodo restante lo gobierno hasta el final el Presidente del Concejo Deliberante.

La historia del delito por el cual se lo enjuiciará al Intendente de Angaco

A fines de 2019, mientras cerraba su segundo periodo al frente de la comuna, el Concejo Deliberante lo denunció por haber hecho uso de maquinarias y personal municipal en un predio de Chimbas. La situación generó un escándalo, al punto que, por las presuntas irregularidades, Castro fue suspendido en su cargo por decisión del cuerpo deliberativo. El apartamiento duró poco, pero la causa penal avanzó hasta que, a principios de 2020, el exjefe comunal fue procesado por el juez Benedicto Correa, quien en su momento estaba al frente del Quinto Juzgado de Instrucción. En su resolución, que fue en el mismo sentido a como lo había formulado la fiscal Claudia Salica, el magistrado entendió que existían "elementos de convicción suficientes que permiten determinar la existencia del hecho investigado, del cual resultaría responsable Castro".

Luego, Castro apeló el procesamiento, pero, en mayo del año pasado, la Sala Segunda de la Cámara Penal, integrada por Juan Bautista Bueno, Silvina Rosso de Balanza y Maximiliano Blejman, confirmó el fallo y, en junio, Fiscalía firmó el requerimiento de elevación a juicio como el presunto autor "responsable de los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionarios y abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública". El expediente se mantuvo un año en la Unidad Conclusiva de Causas hasta que se firmó la clausura de la instrucción y se elevó finalmente el expediente a la Cámara Penal para que se realice el juicio.