“Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada…” Eso es lo que se aplicó por parte del gobernador de San Juan Marcelo Orrego. El uñaquismo no es gobierno, pero sí es mayoría en la Cámara de Diputados, la ley, que es clara, dice que los cargos del IPEEM, en sus vocalías, son para la primera y segunda minoría.

La decisión se conoció a través de un decreto oficial enviado desde el Poder Ejecutivo de San Juan a la Legislatura local. El escrito dice que el gobernador Orrego se abstuvo de dictar el acto administrativo de designación de los vocales integrantes del Directorio del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) Alberto Hensel y Andrés Chanampa.

Alberto Hensel

El escrito enviado al presidente de la Cámara de Diputados, Fabián  Martín, justificó que los dos vocales serán designados por el Poder Ejecutivo de San Juan a propuesta de la Cámara de Diputados, cuya designación corresponderá a uno por cada bloque de los partidos que obtuvieron representación en dicho cuerpo, en orden subsiguiente al partido mayoritario.

Al igual que el presidente y vicepresidente del organismo, corresponde la designación de vocal a "cada bloque de los partidos que hayan obtenido representación en el cuerpo legislativo en orden subsiguiente al partido mayoritario, siendo las dos minorías siguientes a la que ostenta mayor cantidad de diputados en su conformación".

Andrés Chanampa 

Sigue el escrito diciendo que la propuesta del legislador Juan Carlos Quiroga Moyano no fue respetada por su pertenencia al bloque del Partido Justicialista. Por lo expuesto por la máxima autoridad provincial, al presidente de este bloque "no le corresponde ninguna de las dos minorías subsiguientes al partido mayoritario".

De tomar como validez esta propuesta, el escrito manifestó que incurriría en un acto nulo. Principalmente por "adolecer de vicios en la causa, esto es dictado en violación a la ley aplicable".

El 21 de diciembre pasado se dieron varias propuestas desde diferentes sectores por ambas vocalías en juego, que se reparten según qué partido sea primera y segunda minoría de integrantes parlamentarios, como establece la Constitución, concepto que tuvo diferentes interpretaciones de las fuerzas para lograr la designación.

El uñaquismo propuso a Hensel y Chanampa. Por su parte, el giojismo mocionó vocales para el IPEEM aliado al massista Aranda: Leonardo Gioja como vocal por la primera minoría y la esposa de Aranda, Alejandra Cáneva por la segunda minoría.

A la par, el libertario Patinella a Gastón Briozzo, como vocal por la segunda minoría, interpretando que en las elecciones de mayo la gente votó el ingreso de tres grandes bloques que son el del PJ y asociados (San Juan por Todos), el de JxC (Unidos por San Juan) y el de La Libertad Avanza y entonces los libertarios serían segunda minoría.

El interbloque Juntos por el Cambio propuso para el IPEEM a Marcelo Yanzón Grossi, especialista en Derecho Minero. Su vocero, Juan Córdoba pidió que se realice la votación individual por cargo para primera minoría y cargo para segunda minoría. Es decir, procurar quedarse con una vocalía y no meterse con la segunda vocalía que se disputaban las otras fuerzas. La votación se hizo por ambas vocalías, como pidió el PJ, por lo que JxC optó por incorporar a su moción la de Leonardo Gioja como vocal por la segunda minoría.

La votación terminó 19 a 17 otra vez, a favor del uñaquismo, con el voto del giojismo en tándem con JxC. Esta vez, con fuertes quejas y promesas de judicializar estas designaciones, que hicieron el giojismo y los libertarios, disconformes con el resultado.

Tres funcionarios serán desplazados del Tribunal de Tasaciones

Por razones de hecho y de derecho en el Gobierno provincia apuntan a desplazar a las tres autoridades del Tribunal de Tasaciones: Omar Blanco, Ramiro Cascón y Alfredo Ceballos. Los tres habían sido designados al filo del cierre de la gestión uñaquista y trascendió que ya les comunicaron verbalmente que les darán de baja a sus nombramientos. Inclusive, circuló que sólo les han pagado sus salarios hasta el 10 de diciembre.

Si bien trascendió que hubo una comunicación verbal sobre el desplazamiento de las autoridades, tal medida se debe producir a través de una resolución administrativa y legal. La ley que rige al tribunal es la 999-E, la cual establece que los miembros "podrán ser removidos de sus cargos por el Poder Ejecutivo", por las causales de "mal desempeño de sus funciones, inhabilidad física o moral sobrevinientes, delitos en el desempeño de sus funciones y delitos comunes, debiendo garantizarse al imputado el derecho de defensa". Después, se verá si el Gobierno esgrime otros argumentos y si estos, por ejemplo, se encuentran ligados al proceso de designación o la puesta en funcionamiento del organismo bajo su normalización.

Tras los nombramientos de los miembros permanentes, la anterior gestión citó al Colegio de Ingenieros Agrimensores, al de Ingenieros Civiles, al de Ingenieros Agrónomos y al de Arquitectos para que presenten sus respectivas ternas de candidatos, de las cuales, el gobernador elige tres. El plazo era de 30 días y venció el 18 de diciembre, sin que se produjeran las designaciones de los representantes de los colegios profesionales. Según las fuentes, para que el Tribunal comience a funcionar bajo su esquema de normalización, tenía que estar conformado con sus seis integrantes. De ahí podría salir el fundamento para sostener el desplazamiento de las autoridades.

De concretarse la movida, el gobernador Marcelo Orrego designará a los tres miembros permanentes y a los tres de los consejos profesionales. También se verá si Blanco, Cascón y Ceballos acuden a la Justicia.