Justicia de San Juan. Expectantes y preocupados: qué dicen los abogados sanjuaninos de las sospechas de irregularidades en la designación de los tribunales

Fuente: Redacción Tiempo de San Juan.-

El Fiscal General pidió una auditoría para saber qué criterios se usaron en la conformación de los órganos que intervinieron en diversas causas desde 2021 a 2023 y el hecho generó gran impacto dentro y fuera de Tribunales, ya que los resultados podrían acarrear consecuencias impensadas. Las dos posturas que prevalecen frente a las especulaciones de catarata de nulidades y fallos caídos.

Luego de que el Fiscal General dejara en evidencia que hay sospechas de irregularidades en la designación de los tribunales desde el 2021 al 2023 y, por tanto, le solicitara a la Corte de Justicia que realice una auditoría para conocer cuál fue el criterio de selección de jueces para los órganos colegiados, la noticia también provocó gran impacto entre los abogados sanjuaninos.

Es que los resultados de la investigación interna, de ser confirmadas las presunciones de anomalía que sugiere Eduardo Quattropani, podrían traer aparejadas consecuencias impensadas, de una gravedad institucional importante, ya que podrían derivar en cataratas de nulidades y, por lo tanto, en sentencias caídas en los casos más severos.

Para ilustrar dicho escenario, los especialistas en derecho penal consultados por este medio aseguran que, técnicamente, un asesino o un violador condenado podrían recuperar la libertad sin un fallo que lo mantenga tras las rejas. A pesar de que desde la Fiscalía no creen que el tema llegue tan lejos, así de compleja se presentaría la situación si se cumple una serie de condicionamientos, claro está.

Fuentes que operan dentro y fuera de Tribunales, como lo son los letrados que concurren a diario a las audiencias y forman parte de las causas, ya sea como defensores o querellantes, opinaron sobre la polémica del momento y fijaron dos posturas bien marcadas frente a las especulaciones: una de preocupación y otra de excepción. 

Acorde manifestaron los abogados, la noticia fue "el comentario" en los cafés y estudios jurídicos, dadas las conjeturas que ofrece el caso. Y uno de los letrados que compartió su opinión fue Marcelo Arancibia, quien no dudó en manifestar que el contexto representa una crisis institucional inédita, producto del enfrento entre el Ministerio Público Fiscal con la Corte.

"Si bien el Fiscal General tenía sus diferencias con los anteriores miembros de la Corte, creo que esta vez ha llegado a un punto de muy difícil retorno", indicó el abogado de alto perfil. En ese sentido, señaló que si se cumplen las sospechas de que se violó el principio de juez natural sería un escándalo.

"El Poder Judicial de San Juan quedaría en una situación sumamente delicada, preocupante, cuasi al margen del estado de derecho, donde no se salva ninguno porque no solamente se habrían incumplido con el debido proceso y las garantías constitucionales, sino que las propias autoridades del Ministerio Público lo sabían y no lo denunciaron. Los dos órganos (Corte y MPF) estarían comprometidos", aseguró.

En caso de hallar irregularidades en la designación de los tribunales, Arancibia expresó: “Técnicamente, todas las causas que han estado sometidas al régimen del Sistema Acusatorio son nulas de nulidad absoluta, con lo cual todas las sentencias deberían ser declaradas nulas. El que está preso tendría que salir en libertad y todos quedan con la posibilidad de demandar a la Provincia por daños y perjuicios".

Incluso, Arancibia fue más lejos y dejó abierta la posibilidad de una intervención federal del Poder Judicial, llegado el caso de decenas de fallos anulados. "Técnicamente y políticamente es posible", sentenció y agregó: "Acá la pregunta que debiera hacerse la política y la legislatura, que es la que nos representa, es que si este Poder Judicial responde a los cánones de derecho. Si funciona dentro de la Constitución o se trata de un 'poder salvaje' que hace lo que se le canta".

Con matices, hubo litigantes que acordaron en varios puntos que marcó Arancibia respecto al drástico escenario que podría darse y, visto desde el cumplimiento de sus funciones, advirtieron que si existiera la chance de revertir un caso, no dudarían en hacer las presentaciones pertinentes.

Otros abogados, más moderados en su pensamiento y dentro del terreno de las especulaciones, admitieron que creen que la situación no tendrá semejantes consecuencias y que sólo quedará en la órbita de los administrativos. Así lo destacó -por ejemplo- el presidente de la Asociación Sanjuanina de Abogados Penalistas, Fernando Castro, al verter su opinión.

Por su parte, el presidente del Foro de Abogados, Franco Montes, también fue requerido en la cuestión y, si bien reconoció que el tema aún no fue tratado por el directorio, remarcó el impacto y el alcance del caso. "Creo que todos los sectores estamos expectantes a lo que muestre la auditoría. Entiendo, a título personal, que el señor Fiscal General debe tener sospechas fundadas para hacer el pedido", sostuvo.

Sobre a las posibles nulidades, dijo: "Adentrarnos en el terreno de las hipótesis no es algo que a mí me guste, pero bueno existe un principio del juez natural que está tutelado en el código de forma, donde justamente al hablar de causales de la invalidez de los actos procesales es lo que hace al nombramiento y constitución del tribunal. Eventualmente, si existiera alguna irregularidad, habrá que ver la magnitud de la misma, la afectación concreta que pudo haber tenido el debido proceso.  Así, no se puede descartar que hay lugar a una nulidad".

Pese a lo expresado y frente a las consecuencias que se darían, declaró que resulta prematuro iniciar especulaciones. "Sí considero que es una cuestión trascendente y que todos los actores de la Justicia estamos a la espera de los resultados. Después se analizará la situación", concluyó quien casualmente y por su labor como penalista cuestionó hace unos meses atrás la intervención de la Oficina Judicial que será auditada.

Montes, como defensor en un caso y junto a su colega Marcelo Fernández Valdez, había planteado irregularidades en la designación de jueces de Garantías en las audiencias y, luego, Quattropani hizo una presentación oficial ante la Corte que obligó a realizar cambios en el proceder.