La Justicia frenó la reforma de la Ley de Glaciares en Santa Cruz por riesgo ambiental

El fallo ordena al Estado no aplicar la reforma mientras se analiza el amparo que advierte sobre posibles daños a glaciares y al ambiente periglacial.

La Justicia Federal de Río Gallegos resolvió frenar de manera provisoria la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en la provincia de Santa Cruz. La medida, dictada por el juez Claudio Vázquez, ordena al Estado nacional abstenerse de ejecutar o autorizar decisiones basadas en la nueva normativa.

La decisión judicial se conoció el mismo día en que la reforma fue publicada en el Boletín Oficial y establece una cautelar que regirá hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. El eje del fallo radica en el posible impacto ambiental que podría derivarse de la aplicación de los cambios introducidos.

El planteo judicial se originó a partir de un amparo colectivo ambiental impulsado por autoridades de El Calafate, que advirtieron sobre los riesgos de modificar el esquema de protección vigente. En ese sentido, sostienen que la reforma implicaría una reducción de las áreas protegidas y abriría la puerta a actividades actualmente prohibidas en zonas sensibles.

Según lo expuesto en la demanda, estos cambios representarían una regresión en los estándares de tutela ambiental establecidos por la ley original, en tensión con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que fija los presupuestos mínimos de protección ambiental. En esa línea, el planteo advierte sobre posibles consecuencias negativas tanto para los glaciares como para el ambiente periglacial.

El argumento central del fallo

En su resolución, el juez Vázquez remarcó la relevancia estratégica de los glaciares, no solo a nivel local sino también regional y global. Además, remarcó que cualquier modificación normativa en este ámbito puede tener efectos directos sobre el desarrollo económico de las regiones involucradas.

El magistrado consideró que están dados los requisitos para dictar la cautelar, especialmente ante el riesgo de que una demora en la resolución definitiva torne “ilusoria” la protección ambiental. En concreto, advirtió que la eventual habilitación de actividades incompatibles con el régimen actual podría generar daños difíciles de revertir.

De esta manera, y hasta que avance el proceso judicial, los efectos de la reforma quedaron suspendidos en territorio santacruceño, en un fallo que vuelve a poner en el centro del debate el equilibrio entre desarrollo productivo y preservación ambiental.

Fuente: Diario Digital Infocielo