13 de septiembre de 2015, Barrick Gold lo hizo: a diez años del mayor derrame contaminante minero de la historia argentina
Millones de litros de agua con cianuro, cinco ríos contaminados y miles de habitantes de San Juan con miedo. Sucedió hace una década, tuvo como protagonistas a la empresa Barrick Gold y los gobiernos de San Juan y Nacional. Aún no hubo condenas y mucho tuvo que ver la jueza federal María Romilda Servini, que dejó prescribir la causa. La Asamblea Jáchal No Se Toca sostiene el pedido de justicia y mantiene la organización por la defensa del agua y la vida.
Era la noche del 13 de septiembre de 2015 cuando un mensaje de WhatsApp comenzó a multiplicarse en los teléfonos celulares de los vecinos de Jáchal, en el norte de San Juan. Sin preámbulos, informaba “un derrame de 15.000 litros de cianuro y mercurio” de la mina Veladero “directamente al río”. Luego, afirmaba que “los empleados de la mina no pueden decir nada” y que el gobernador José Luis Gioja (Frente para la Victoria) y la Policía Minera ya tenían conocimiento. El mensaje predecía que “seguramente la población será la última en enterarse” y recomendaba, todo en mayúsculas, no utilizar agua de la canilla.
Después, se sabría que fueron mucho más que 15.000 los litros derramados y que el hecho había ocurrido un día antes: el 12 de septiembre de 2015. La propia empresa Veladero, de las multinacionales Barrick Gold (Canadá) y Shandong Gold (China), terminó por reconocer el derrame de 1.072.000 litros de solución cianurada, pero un informe firmado por empleados de la propia empresa consigna el vertido de 4.680 metros cúbicos, es decir, 4.680.000 litros de solución con cianuro y mercurio. Como consecuencia, cinco ríos resultaron contaminados: Potrerillos, Jáchal, Blanco, La Palca y Las Taguas, y el dique Cuesta del Viento. Se trató del mayor derrame de efluentes mineros conocido en la historia argentina.
Una década después, el hecho sigue impune. Casi siete años pasaron desde que un juez federal elevó a juicio dos causas que involucran a seis funcionarios nacionales. La jueza a cargo, María Servini, nunca fijó fecha para las audiencias, pero sí tuvo tiempo para declarar prescrito el hecho. Hoy, las causas aguardan en otro despacho que se resuelva la apelación. A nivel provincial, otra causa fue dormida y dejó sin comprobación la inocencia o culpabilidad de ocho empleados de la minera. Ni funcionarios provinciales ni autoridades de Barrick Gold quedaron ligados a ninguna causa.
Dos juicios en suspenso y siete años de espera
En octubre de 2018, el juez Sebastián Casanello, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, elevó a juicio la causa N°10.049/15 que tiene como imputados a Sergio Lorusso (secretario de Ambiente de la Nación al momento del hecho), Beatriz Domingorena (ex subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación) y Jorge Mayoral (ex secretario de Minería de la Nación). Todos deberán responder por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en una de las dos causas federales por el derrame.
Meses antes, en junio de 2018, el mismo juez había elevado a juicio la causa N°16.156/16, que tiene como imputados a Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso (ex secretarios de Ambiente de la Nación) y Ricardo Villalba (ex director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales -Ianigla-), por abuso de autoridad al incumplir la Ley Nacional de Glaciares y la Ley General del Ambiente.
Casi siete años después de las elevaciones a juicio, el 30 de mayo de este año, la jueza María Servini, al frente del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1, declaró la prescripción de las causas y el consecuente sobreseimiento de los imputados.
La noticia cayó como un mazazo, porque “todo estaba listo para ese juicio, que tenía que llevar adelante la jueza María Servini, y que ella misma venía dilatando, a partir de aceptar o, al menos, no promover el juicio oral, por distintos recursos de los imputados”, señala el abogado Enrique Viale, que representa a la Asamblea Jáchal No Se Toca, constituida en querellante. Sin tibiezas, Viale afirma que la jueza “declara la prescripción de la causa por su propia torpeza”.
En un comunicado, la Asamblea de Jáchal denuncia que detrás de la decisión de Servini está la mano del “lobby de la Barrick Gold, a quien este juicio le molesta mucho porque ahí se ventilarán las ilegalidades que comete la mina Veladero”.
Ante la resolución de Servini, la querella apeló ante la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal para revertir la medida y sentar en el banquillo a los acusados. Ahora, son los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Alejandro Slokar quienes deben decidir si las causas llegan finalmente a juicio.
Es conocida la frase que reza que “Justicia lenta no es justicia”. Sin embargo, Viale insiste en la importancia de mantener la causa a flote: “Queremos llevar ese juicio oral que, si bien no va a juzgar la totalidad de la problemática, sí creemos que puede generar un punto de inflexión y un antecedente muy importante para los funcionarios que no cumplan con las leyes ambientales”.
La trampa de la justicia provincial
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió, en mayo de 2016, dividir las causas iniciadas por el derrame de Veladero y ordenó que el Juzgado Federal investigara a los funcionarios nacionales, mientras que el Poder Judicial provincial debía hacer lo mismo con los funcionarios sanjuaninos y los empleados de la empresa.
Esto determinó que una causa cayera en manos del juez de Jáchal, Pablo Oritja. Aunque su deber era investigar la responsabilidad de los directivos de la empresa y de funcionarios provinciales, la Asamblea de Jáchal denunció que “nunca llamó ni siquiera a declarar a Guillermo Caló (CEO de Barrick), ni al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, ni a su ministro de Minería, Felipe Saavedra, ni a su secretario de Ambiente, Raúl Tello”. Ninguno respondió por el hecho.
A cambio, en 2017, el juez procesó a ocho empleados de la minera por negligencia e impericia. Ellos son Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (supervisor junior del valle de lixiviación), Carlos Cabanillas (gerente de Operaciones de Mina), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortez (supervisor de Medio Ambiente) y Walter Pizarro (gerente de Procesos). También fue procesado el gerente general y máxima autoridad de Veladero, Antonio Adames, pero la Cámara en lo Penal y Correccional de San Juan decidió su sobreseimiento alegando falta de mérito. Nunca se realizó el juicio que, de hecho, estaría prescrito.
Para la Asamblea Jáchal No Se Toca, al dejar la causa en manos del Poder Judicial local, “la Corte Suprema le aseguró la impunidad al CEO de Barrick y a los funcionarios de la provincia de San Juan” e hizo recaer todo el peso de la responsabilidad en “ocho perejiles”.
Dos versiones para un mismo desastre
Los expedientes judiciales consignan la rotura de una válvula como causa del derrame y una compuerta abierta como motivo de la llegada de la solución tóxica al río Potrerillos. La responsabilidad directa pareciera recaer así en los empleados de la mina. Sin embargo, desde la Asamblea Jáchal No Se Toca denuncian que se trata de una versión complaciente que encubre la verdadera causa y al “mayor responsable del derrame de septiembre de 2015, que era el CEO de Barrick en Argentina, Guillermo Caló”. Según afirma el asambleísta Saúl Zeballos, el derrame se produjo “por una sobreexplotación de la mina” y “quien había tomado la decisión de sobreexplotar la mina fue el CEO, Guillermo Caló”.
Zeballos sustenta sus afirmaciones con documentación de la propia empresa, que consta en los expedientes judiciales y a la que tuvo acceso Tierra Viva. “Las causas de ese primer derrame empiezan a generarse el 17 de agosto de 2015, porque ahí se empezó a exceder la cota máxima que tenía que respetarse en el paredón o terraplén en el valle de lixiviación de Veladero, que es donde se acumula la solución rica, es decir, la solución cianurada, y que contiene oro, plata, mercurio”, explica Zeballos.
El plan de operaciones de la mina Veladero, aprobado un año antes del derrame, determinaba que la cota de coronamiento era a 3956 metros sobre el nivel del mar (msnm), pero que el nivel máximo de operación normal era a 3926 msnm. Según consta en actas, el 17 de agosto de 2015, la empresa activó un Plan de Acción Durante Emergencias (PADE), “cuando la solución cianurada traspasa el límite de los 3927 msnm, justamente por haber empezado a trabajar en código rojo”, expone Zeballos. Un día después del derrame, un acta de la empresa afirma que el nivel de cota del Área de Almacenamiento para Solución Rica (AASR) “reporta 3930,83 msnm”, es decir, por encima del límite.
Una cronología asentada en los libros de actas de la empresa permite reconstruir parte de lo que Barrick llama “un incidente”. En el acta del 13 de septiembre se lee que “a las 11:15 el líder del valle da aviso a la supervisión de que detectó (…) mineral fuera del valle por deslice del ‘terraplén’ observándose también una fuga de solución” y que “a horas 11:31 el jefe de procesos llama a sala de control y solicita la parada total de la planta”. Y en un informe fechado el 15 de septiembre de 2015, se calcula que la solución cianurada derramada al río ascendería a 4680 metros cúbicos (4.680.000 litros). El informe está firmado por los jefes de las áreas Procesos y Metalurgia de la propia empresa minera.
Con estos datos, queda claro que el desastre podría haberse evitado, ya que el derrame fue el detonante de un proceso iniciado hacía casi un mes. Sin embargo, y aunque la información obra en los expedientes, los funcionarios judiciales no profundizaron la investigación en esta línea, que apunta que la causa fue “el deslice del terraplén por sobreexplotación de la mina y no la rotura de una válvula”.
Premios para los responsables
José Luis Gioja fue electo diputado nacional en octubre de 2015 y, apenas tres meses después del derrame, el Frente para la Victoria lo propuso como vicepresidente de la Cámara baja. Continuó en el cargo de legislador hasta 2023. En tanto, Raúl Tello se mantuvo a la cabeza de la cartera provincial de Ambiente hasta 2021, continuó como responsable del Instituto de Formación y Capacitación Política del Partido Justicialista de San Juan y en 2022 asumió como subgerente del Centro Regional de Aguas Subterráneas del Instituto Nacional del Agua (Scras-INA).
Guillermo Caló era el director ejecutivo de Barrick en Argentina cuando ocurrió el derrame. Ocupó ese cargo hasta el último día de 2015. Entre 2016 y 2022 pasó por Minas Argentinas (subsidiaria del grupo canadiense Aisa, a cargo de explotar la mina Gualcamayo, en San Juan), Galaxy Lithium y Allkem (que operan en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca). Actualmente, es el CEO en Argentina de Río Tinto, la empresa minera con sede en Inglaterra, propietaria del proyecto litífero Rincón, en Salta, y beneficiada por el gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) con el primer Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
En la “galería de verdugos” que exhibe la Asamblea Jáchal No Se Toca en su carpa, ubicada en la plaza del pueblo, hay también una foto del juez Pablo Oritja. Entre sus “méritos” para estar en la galería, desde la Asamblea enumeran que nunca llamó a declarar a las autoridades políticas y empresariales por el derrame, que desestimó pruebas para exonerarlos y que archivó las causas por otros tres derrames confirmados. El premio que recibió —afirman los asambleístas— fue el traslado a otro juzgado, en la capital sanjuanina.
Una década sin bajar los brazos
Las vecinas y vecinos del pueblo habían conformado la Asamblea Jáchal No Se Toca en febrero de 2015 y siete meses después, cuando se conoció el derrame, “se hizo cargo ante la ausencia oficial” de proponer medidas inmediatas. Al mes siguiente, se emplazó la carpa en la plaza de Jáchal y “hace diez años que la sostenemos como bastión de lucha, de presencia, en defensa del agua”, señala Silvina de los Santos, integrante de la Asamblea. Fue la organización colectiva la que empujó la causa durante tantos años, a partir de “actividades, denuncias, bicicleteadas, panfleteadas, campañas de información”, enumera De los Santos.
Sin embargo, “diez años después de la desnudez de un sistema de explotación perverso y peligroso todo sigue igual”, escribe Domingo Jofré, también asambleísta. O peor: en septiembre de 2016 y marzo de 2017, la empresa y el gobierno provincial confirmaron otros dos derrames, pero las causas iniciadas “se archivaron en tiempo récord”, apunta Zeballos. Análisis posteriores de agua comprueban una alta presencia de minerales tóxicos en el río Jáchal y levantan sospechas sobre otros derrames ocultados a la población. A raíz de estos hechos, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) elaboró un documento en el que cuestiona de manera directa el accionar de Barrick y los gobiernos en Veladero.
Pese a este historial, funcionarios y empresarios repiten como una muletilla que San Juan es el “modelo minero” del país. El eslogan ha sobrevivido todos los colores políticos desde que Veladero comenzó a explotar en 2004. “Sucesivos gobiernos de aparentes diferencias ideológicas, siguen actuando como garantes de las empresas supra nacionales”, señala Jofré.
Lejos de hacer un mea culpa, los gobiernos nacional y provincial insisten con la megaminería y anunciaron nuevos proyectos en San Juan, entre los que Vicuña (de BHP y Lundin Mining) y Los Azules (McEwen Cooper) son los más promocionados. No es más que una película repetida: “Acá están de nuevo, con más proyectos y con las mismas tácticas y promesas”, escribe Jofré.
Tantos años de espera hicieron mella en la confianza de los asambleístas en el aparato judicial, pero no en su resistencia. Cada día, quienes transitan por la plaza de Jáchal se topan con la carpa azul, que es un símbolo de denuncia permanente y el lugar donde se siguen reuniendo los vecinos para sostener, como dice De los Santos, la defensa “del agua, de la vida y del futuro”.
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