Y un “Juri” largo que baja y se pierde…

La Feria Judicial que se inició el  12 de julio frena la actividad en las causas que tramita la misma, pero no las acciones que de a poco se van conociendo que, en muchos casos, son más políticas que judiciales. 

El silencio de los medios del departamento  y de muchos de la provincia hace creer a los “Interesados” que las cosas no están pasando. Pero la desazón y bronca se palpa  en muchos lugares. No se puede tratar de tarada a la sociedad, aunque el poder político hace gala de ese “don”.  Se miente y se discute la mentira desde sus bases. El Jury al Juez Javier Alonso es un juicio político pero no por las razones que los “acusantes” dicen (La Corte, el Fiscal y el de Estado).

En el informe “La Verdad de la Milanesa” Parte I, se conoció una de las principales razones por las que el poder político, Miguel Vega y Cia, hicieron todo lo posible para que Alonso pagara con su Cargo el “desplante” de hacer lo que corresponde en tiempo y forma en la causa de Autos Nº37744/20 Caratulados “Vega Andrés S/Delito contra la integridad Sexual. Esta denuncia figura en la Auditoría que se sustancia en el juicio político al Juez Alonso como prueba del “retraso de justicia” y con los papeles en la mano se puede comprobar que el retraso que tuvo fue responsabilidad de otras Instituciones de la Provincia de San Juan. A saber:

En la Auditoria,  Autos N° 37744/20, caratulados: "Vega Andrés s/ delito contra integridad sexual", se consigna como último movimiento el de  fecha 19/01/21 (Eximición de prisión), acá aparte de inexactitud tenemos que en la causa, desde su inicio se ordenó una serie de medidas, como fueron el pedido de declaración en ANIVI de la menor.

En efecto la denuncia se radica en fecha 4 de diciembre del año 2019, ese mismo día la Señora  Fiscal en turno de ANIVI, requiere la Instrucción de la causa y  finalmente es recepcionada  por el titular del Tercer Juzgado de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial el 5 de diciembre de 2019. Recién el 3 de Julio la causa tiene movimiento (siete meses después), cuando el titular del Tercer Juzgado de Instrucción ordena la citación para una audiencia preliminar para el día 20 de julio de 2020 a efectos de obtener la entrevista videograbada de la menor.

Luego por pedido del representante del Ministerio Público Fiscal, se requiere la incompetencia territorial del Juez interviniente, atento a que el presunto delito habría ocurrido en el departamento Jáchal.  Luego se agrega un informe social elaborado por ANIVI, de fecha 10 de agosto de 2020 en el que se deja constancia de una discapacidad que aqueja a la menor víctima.

La causa es remitida al Juzgado de Jáchal, y recién el 24 de septiembre, es decir casi cuarenta días después, el Señor Fiscal de la Segunda Circunscripción Sohar Aballay , requiere la instrucción del sumario penal. Como consecuencia de ello, el  5 de octubre de 2020 el Juez Javier  Alonso resuelve avocarse al conocimiento de la causa, ordenando una serie de medidas instructorias solicitadas por el Fiscal Aballay como: declaraciones testimoniales, evaluación psicológica a la menor a efectos de determinar la viabilidad para obtener su testimonio por audiencia videograbada, medidas que comienzan a hacerse efectivas desde el día siguiente es decir desde el 6 octubre de 2020. En el  sumario se observa el acta preliminar de audiencia videograbada, la que no pudo llevarse a cabo por no ser viable, conforme lo refiere la Licenciada en Psicología Johana Jofré, con la presencia del Juez Alonso, del Fiscal Sohar Aballay, del Defensor de Menores Franklin Sánchez  y del abogado defensor del imputado Andrés Vega, Alejandro Miquelarena Meritello.

El 9 de diciembre se recibe en el Juzgado de Jáchal, emitido por la licenciada en Psicología Johana Jofré, como Funcionaria de ANIVI, un escrito donde, entre las conclusiones, se determina por parte de la Profesional, (a pesar de no haber entrevistado en audiencia videograbada a la menor victima), que no se encontrarían presentes indicadores de abuso sexual.

Luego de eso, el próximo movimiento que presenta la causa es la designación de un nuevo abogado defensor  por parte del imputado Andrés Vega. Un pedido de Declaración Informativa, del que fuera conferida la vista al Fiscal Aballay, quien es el único titular de la Acción Pública,  el 12 de Marzo de 2020 respondiendo que no tiene objeción alguna para la determinación por parte del Juez Alonso. Durante todo el mes de enero, la causa fuera tramitada por parte del nuevo Juez Eduardo Vega.

Luego de las actuaciones ya precisadas precedentemente, la causa no tuvo movimientos, por lo que sin duda alguna, esta Causa es el ejemplo de que desde el inicio presentó una demora injustificada. Por la  trascendencia de la denuncia, del hecho en sí. Por la  presencia de una persona familiar del intendente de Jáchal Miguel Vega como imputado. Resulta que, sospechosamente,  esa “demora injustificada”   pretende ser achacada al Juez Javier Alonso, siendo que la “demora” se produjo en la actuación en primer término del Titular del Tercer Juzgado de Instrucción  quien luego de siete meses decidió declararse incompetente.

Expropiación Autos Nº 41347 Ciudad Judicial  de Jáchal

Con respecto a la Ciudad Judicial para Jáchal, el proyecto fue anunciado por la Corte en octubre de 2018, durante el acto en el que Alonso asumió como juez. La intención del máximo tribunal era comenzar la obra a principios del 2019, con una inversión de 140 millones de pesos. Para ello, el intendente se comprometió a expropiar un terreno que se encuentra a 50 metros del municipio y cederlo al Poder Judicial para que construya en ese lugar un edificio de dos plantas con 3.000 metros cuadrados cubiertos. La adquisición del predio fue aprobada por el Concejo Deliberante y, luego, el expediente recayó en el Juzgado porque los propietarios no estuvieron de acuerdo con el monto que fijó el Tribunal de Tasaciones. De acuerdo con el procedimiento, si hay diferencias entre las partes por el monto a pagar, se debe iniciar un juicio para hacer el reclamo. Con el proceso iniciado, el juez tramita el depósito y transfiere el terreno para que quien expropió, en este caso la Municipalidad de Jáchal, tome posición del mismo. Después, se continúa con el reclamo judicial por el valor del predio.

Según indicó la auditoria, el Juez Alonso no hizo ningún trámite y el expediente "durmió" durante dos años. Por lo que se desprende de la documentación aportada por la defensa el  expediente en cuestión fue prestado el 27 de septiembre de 2019 a la Municipalidad de Jáchal por pedido del Asesor Letrado de la misma, el abogado Federico Rodríguez. Estuvo 217 días hábiles en poder del Asesor de la municipalidad de Jáchal en una clara demora para que el expediente sea resuelto. El 25 de febrero de 2021 el Juez Javier Alonso dicta Sentencia Anticipatoria y se otorga el dominio a la Municipalidad de Jáchal.

¿530 es lo mismo que 150?

Alonso fue denunciado por la Corte por morosidad injustificada, incumplimiento de los deberes a su cargo y mala conducta, luego de que una auditoría en el mes de febrero dijo que entre la Secretaría Civil y Penal había 535 causas demoradas y que el Juez Alonso no le dio trámite. Pero en la acusación para el Jury el Fiscal General Eduardo Quattropani y el Fiscal de Estado Jorge Alvo solo especifican en total 150 causas que presuntamente tienen demoras. En las cuales se colocan causas con detenidos en las que no solo se resolvió por parte del Juez Alonso la situación procesal, sino que además fueron elevadas a juicio.

Las causas de violencia de género no superan las 80, entre los periodos auditados, de las cuales muchas de ellas son de periodos anteriores al año 2019.

Jorge Alfredo Morales

Periodista – Editora La Región