San Juan: denunciaron al Juez Vázquez por presunto fraude y prevaricato

La denuncia cayó sobre el Juez Javier Antonio Vázquez, integrante del PJ (Poder Judicial) de San Juan. Se sospecha que intentó subastar un inmueble ajeno en medio de una quiebra. Creen que manipuló registros para favorecer a acreedores de Pahome S.A.

La denunciante, Zulma Dora Ledesma, es patrocinada por el prestigioso abogado Mario Arancibia, quien presentó una denuncia penal ante el fiscal de la Unidad de Delitos Especiales contra el Juez Comercial Javier Antonio Vázquez, el Procurador Francisco Bataller y el síndico Macario Larrauri, ya que se habrían  advertido delitos que incluyen estafa procesal, abuso de autoridad, prevaricato y defraudación en grado de tentativa.

En el escrito, Ledesma se presenta en calidad de cesionaria de derechos de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 5 de Diciembre que, según la denunciante, es la legítima dueña de la propiedad en disputa.

Se denuncia además un "plan maestro" del Juez Vázquez, integrante del PJ (Poder Judicial), para desapoderar a la cooperativa de su único inmueble, ubicado en una cotizada zona inmobiliaria, detrás del Híper Libertad, con el fin de utilizarlo para pagar deudas de la quiebra de la empresa Pahome S.A., un proceso judicial que data de 1995.

La denunciante Ledesma afirmó que este accionar constituye un delito continuado, probado al menos en los últimos 12 años, y que el juez "se dedicó a borrar todo vestigio de la devolución del inmueble", al tiempo que se menciona la presunta desaparición de un expediente.

La medida más grave se habría realizado cuando el Juez Vázquez habría impulsado una resolución para anular asientos registrales de la propiedad en el Registro General Inmobiliario.

El objetivo de esta anulación sería borrar la inscripción definitiva de la escritura de la cooperativa, volviendo al asiento anterior, donde Pahome S.A. figuraba como propietaria.

Según la denunciante, se pretendía "hacer aparecer como propietario a Pahome" para poder consumar una venta directa del bien, mencionando un intento reciente de comercialización al empresario Francisco Paolini, quien podría haber actuado como comprador de buena fe.

El caso tiene su origen en el año 1998, cuando la propiedad fue objeto de un fallo judicial firme y ejecutoriado.

La Cooperativa 5 de Diciembre adquirió el terreno en 1987 y luego, en 1992, fue transferido de manera gratuita a Pahome S.A. con el cargo expreso de construir viviendas para los socios de la cooperativa.

Tras la quiebra de Pahome, acaecida en 1995, y ante el incumplimiento, las autoridades de la cooperativa solicitaron la devolución. Esto resultó en la sentencia de 1998 dictada por el Juez Gutiérrez Gallo, que ordenó la restitución del inmueble.

Más tarde, en 1999, se firmó la devolución, aunque la inscripción registral provisoria caducó en dos oportunidades por cuestiones de requisitos, y, Zulma Ledesma, como acreedora, completó los trámites necesarios y logró la inscripción definitiva de la propiedad a nombre de la cooperativa en 2019, basándose en la sentencia de devolución inatacable.

La denunciante advirtió presunta complicidad del Procurador Francisco Bataller, quien habría actuado con un claro conflicto de interés debido a su historial con la cooperativa.

Bataller fue director de Cooperativas entre 1992 y 1995. Simultáneamente, apoderado judicial de la cooperativa, lo que le otorgó un conocimiento profundo de la situación interna de la entidad.

Además, Bataller ya habría actuado con interés personal al subastar para sí uno de los inmuebles linderos devueltos a la cooperativa por cobro de honorarios en el año 2000. Ledesma sostuvo que, en 2017, Bataller presentó un escrito en el expediente de la quiebra “mintiendo tendenciosamente” al declarar que la escritura nunca se consolidó y que el inmueble pertenecía a Pahome.

La denunciante destacó que la respuesta del Juez Vázquez, que ordenó la subasta de un bien ajeno basado en la declaración de un no legitimado, es uno de los ejes de la maniobra denunciada.

Ledesma afirmó que sus acciones se basan en un conocimiento profundo de la documentación y que tomó la iniciativa de la demanda penal al haber agotado todo intento de solución. La denuncia penal fue interpuesta inicialmente el 15 de febrero de 2024, pero afirmó que la misma “desapareció como arte de magia”, lo que la obligó a seguir buscando la ratificación. Finalmente, la denunciante hizo reserva de ampliar la acusación si se comprueba que el juez logró vender el inmueble con posterioridad a esta nueva presentación que ingresó este lunes contra Vázquez.